En esta ocasión, entre otros temas, continuamos con nuestra serie de artículos relativa a la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y los Estados Unidos, haciendo referencia a la reforma en materia de los requisitos exigidos para la patentabilidad de las invenciones.

Esperamos que este boletín sea de su interés y utilidad.

Cordialmente,

Mauricio Pinzón P.

Acorde con la Decisión 486 de 2000 (norma actualmente vigente) se considera que una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Acorde con el Artículo 16.9.1 del TLC, este requisito deberá entenderse satisfecho simplemente con que la invención sea “no evidente”. Se ha considerado, inclusive, que la flexibilidad de este criterio permitiría el patentamiento de simples descubrimientos.

Debe resaltarse que los términos “no obviedad” y “utilidad” son menos exigentes que los contenidos actualmente en la Decisión Andina 486 de 200 e inclusive, que en el Acuerdo sobre los ADPIC.

La Ley de Patentes de Estados Unidos (35 U.S.C. 103), se refiere a la no obviedad de la materia a propósito de los términos “estado de la técnica” o “arte previo”, exigiendo que la materia objeto de la patente, no se atan conocida que cualquiera con conocimientos ordinarios en la técnica de aquella pueda realizarla también en la época en que se presenta la solicitud de patente.

De esta manera, se ha ampliado ostensiblemente el denominado “espectro de patentabilidad”.

Un Concejal de la ciudad de Bogotá presentó un proyecto de Acuerdo sobre el tema de los medios de comunicación alternativos, el cual resultó ser idéntico en muchos de sus párrafos, a textos publicados originalmente en las páginas de Internet “El Rincón del Vago”, “Icarito”y la página de la Corporación Red País Rural, de la cual hay 14 párrafos copiados textualmente dentro de la exposición de motivos.

Un estudiante de la ciudad de Cartagena, participó con un dibujo de su autoría en la convocatoria para seleccionar la mascota de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrará este año en dicha ciudad. El autor del dibujo denominó “Cata” a su personaje. La agencia de publicidad declaró desierta la convocatoria pero no obstante, semanas después presentó como mascota un personaje también denominado “Cata” y, al decir de dicho estudiante, prácticamente idéntico al dibujo elaborado por él.

Una crónica aparecida en la edición dominical del periódico “EL TIEMPO” sobre el tema de la prostitución, despertó la inquietud de muchos de sus lectores, quienes masivamente escribieron a dicho periódico para hacer notar las similitudes que existía entre dicho artículo con otro aparecido un año atrás, sobre el mismo tema, en el periódico de la Universidad Nacional publicado como inserto dentro del referido diario. Después de que el responsable del artículo: un estudiante en práctica de periodismo, reconoció su falta, el periódico tuvo que ofrecer disculpas a sus lectores y, sobre todo, a los redactores del artículo original.

La abundancia de estos casos ha motivado la preocupación de las instituciones educativas, quienes se han visto obligadas a endurecer las sanciones a los estudiantes a quienes se les demuestre haber realizado plagio de sus trabajos académicos, debiendo adoptar medidas que van desde el uso de programas de computador que detectan el “copiado y pegado” de los textos, hasta el recomendar a sus profesores no encargar a los estudiantes trabajos escritos, sino buscar que el estudiante demuestre ser capaz de sustentar lo investigado y sus propias conclusiones, de manera oral.

La intención del acuerdo, dijo el juez, era "proteger el uso justo y razonable de la marca al aplicarla al servicio. "Siempre y cuando la marca sea utilizada de forma razonable y justa en o en relación con el servicio, y genuinamente... para denotar una conexión de la marca con ese servicio (en lugar de cualquier otra cosa), entonces no se considerará fuera de lugar", indicó el juez. De esta forma, APPLE COMPUTER salió ayer victoriosa de esta controversial judicial.

No obstante, Neil Aspinall, ex representante de los Beatles que ha manejado Apple Corps por más de 10 años, señaló que "con mucho respeto al juicio, creemos que su conclusión está equivocada", e inmediatamente confirmó que su compañía apelará dicha decisión.

Cabe anotar que en Colombia, este tipo de acuerdos que permiten a dos empresas utilizar marcas idénticas o similares son posibles a instancias del Artículo 159 de la Decisión 486 de 2000, en tanto las partes adopten medidas para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de los productos y servicios, y se respeten las normas sobre prácticas comerciales restrictivas y promoción de la competencia. Así mismo, estos acuerdos deben ser registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

En efecto, existen fallos judiciales en donde los jueces han exigido a empresas extranjeras acreditar las transferencias por parte de todos y cada uno de los autores de la obra repectiva, transferencias que en Colombia están sujetas a reconocimientos notariales y registros administrativos, pero que en la generalidad de países en el mundo están exoneradas de cualquier formalidad al operarse a través de presunciones, como es el caso de las obras creadas en el marco de la relación laboral.

En la Ley 23 de 1982, el Artículo 10 consagra una presunción de autoría a favor de la persona cuyo nombre aparezca impreso en dicha obra o se enuncie como tal al comunicarse públicamente. Esta presunción favorece únicamente al autor quien puede exonerarse de probar su condición de tal (mediante el registro o cualquier otro medio probatorio) pero no soluciona la situación del titular de derechos, quien queda con el problema de tener que acreditar mediante transferencias originadas en los autores, su titularidad y legitimación procesal.

Uno de los más importantes aportes del TLC en materia de observancia de derechos, consiste en consagrar una presunción de titularidad que facilita en gran medida, acreditar su legitimación procesal a las empresas que detentan derechos patrimoniales de autor y que son víctimas de infracciones de naturaleza civil o penal. En efecto, el Artículo 16.11.5 establece que en los procedimientos civiles, administrativos y penales relativos al derecho de autor y los derechos conexos, cada Parte dispondrá una presunción que, en ausencia de prueba en contrario, la persona cuyo nombre es indicado de la manera usual, es el titular designado de los derechos de dicha obra, interpretación o ejecución y fonograma.

Así mismo, Colombia deberá establecer una presunción acerca de que, salvo prueba en contrario, el derecho de autor o conexo de dicho titular subsiste sobre dicha obra, interpretación o ejecución y fonograma.

Esta investigación indaga sobre las razones a favor y en contra, que pueden existir respecto a la posible creación de un derecho de propiedad intelectual a favor de las comunidades indígenas, afroamericanas o campesinas sobre sus conocimientos relacionados con el aprovechamiento de la biodiversidad para fines terapéuticos y, en general, distintos tipos de creaciones intelectuales de naturaleza técnica o estética, que son elaborados colectivamente por dichas comunidades de generación en generación, y que forman parte de su identidad cultural.